INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN. REAL DECRETO SOBRE CERTIFICACIONES ENERGÉTICAS DE EDIFICIOS EXISTENTES
Convertir conocimiento en valor añadido:  Real Decreto sobre Certificaciones Energéticas de Edificios Existentes. Antes del 1 de enero de 2013 estará vigente el Real Decreto por el que se aprueba el Procedimiento Básico para la Certificación Energética de Edificios Existentes.
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El Ministerio de Industria está ultimando esta normativa que obligará a que todas las viviendas que se vendan o alquilen en España cuenten con un Certificado de Eficiencia Energética. En la actualidad, este documento, que describe la eficacia en el consumo energético de las viviendas, solo se exigía para edificios de nueva construcción o grandes rehabilitaciones. La norma está todavía en fase de borrador y pendiente de aprobarse por el Consejo de Ministros, aunque el Gobierno ha manifestado su intención de aprobarla lo antes posible.

España acepta, de esta forma, a las exigencias de Bruselas que considera el certificado como una medida de fomento de la eficiencia energética, tanto para el ahorro en el consumo de energía, como para el cuidado del medio ambiente.

Cualquier vivienda que se ponga en el mercado para su venta o alquiler, ya sea de nueva construcción o usada, deberá contar con este certificado de eficiencia energética cuya validez es de un máximo de 10 años.

Lo que no cambia respecto al articulado del Real Decreto 47/2007, es la exigencia de un control externo que supervise las certificaciones energéticas otorgadas a las viviendas. Vuelve a dejar al arbitrio de las Comunidades Autónomas, con la consiguiente falta de homogeneidad en la aplicación de la norma, la potestad para establecer este mecanismo de control.

El artículo 6 del nuevo Real Decreto estipula que “el órgano competente de la Comunidad Autónoma establecerá, el alcance del control externo de los Certificados de Eficiencia Energética y el procedimiento a seguir para realizarlo. Este control podrá realizarse por la propia Administración o mediante la colaboración de agentes autorizados para este fin”.

En la actualidad, la regulación del Control Externo de las Certificaciones de Eficiencia Energética para Viviendas está teniendo un alcance muy desigual: los únicos ejecutivos autonómicos que han publicado la norma y exigen este elemento de control como una garantía de la efectividad del certificado son los de Galicia, Extremadura, Castilla la Mancha y Comunidad Valenciana.

En Castilla-León, Navarra, Islas Canarias y Andalucía se ha publicado el registro obligatorio de las certificaciones para edificios (conforme a lo exigido en la norma anterior) pero no se hace ninguna referencia a la existencia de un control externo que las supervise. Más grave es aún el caso de Comunidades Autónomas como el Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Aragón, Islas Baleares, Región de Murcia o Comunidad de Madrid donde no se ha publicado hasta el momento el registro obligatorio de certificaciones energéticas o el de Cataluña donde no hay una normativa específica al respecto.

El borrador de Real Decreto en el que trabaja Industria también recoge que serán las Comunidades Autónomas las que fijen los requisitos de titulación, experiencia, formación específica en certificación de eficiencia energética y medios que deberán tener las entidades de control habilitadas o los técnicos independientes que lleven a cabo estas tareas de revisión de las calificaciones otorgadas. Pudiéndose dar el caso de que estos requisitos sean diferentes según el criterio de las distintas Comunidades Autónomas.

Del mismo modo se regula que “cuando la calificación de eficiencia energética resultante de este control externo sea diferente a la obtenida inicialmente, como resultado de diferencias con las especificaciones previstas, se le comunicará a la propiedad las razones que la motivan y un plazo determinado para su subsanación o presentación de alegaciones en caso de discrepancia, antes de proceder, en su caso, a la modificación de la calificación obtenida”.

REACCIONES

Green Building Council España (GBCe) cree que el Real Decreto, que exigirá que todas las viviendas que se pongan en el mercado, ya sean nuevas o usadas, tengan un certificado de su eficiencia energética, es muy poco concreto en el ámbito técnico. 

El pasado 20 de febrero, el Ministerio de Industria cerró el plazo de audiencia para presentar alegaciones al Real Decreto sobre Certificaciones Energéticas de Edificios Existentes que exigirá que todas las viviendas que se pongan en el mercado, ya sean nuevas o usadas, tengan un certificado de su eficiencia energética. 

Para Green Building Council España (GBCe), la propuesta del Ejecutivo español parece más una respuesta “formal” a la denuncia europea sobre la no transposición de la directiva a los edificios existentes, que un RD que haga frente a todas las necesidades asociadas al tema en que se ocupa; “de hecho es muy poco concreta en el ámbito técnico”, asegura. La asociación considera que “el RD por si solo es inaplicable porque está huérfano de los desarrollos reglamentarios necesarios para su cumplimiento, de tal modo que la falta de concreciones técnicas y desarrollos reglamentarios hace que la norma sea, en la práctica, inaplicable”.

No obstante, GBCe aplaude “la aprobación de esta iniciativa que puede suponer una reactivación económica del sector y que pueda contribuir a crear empleo, con la figura del certificador”. 

Para GBCe, “la rehabilitación se ha convertido en una de las pocas salidas viables capaz de generar actividad y empleo en el sector de la construcción. Sin embargo, falta una mayor concreción en la propuesta, un calendario claro, y una estrategia de puesta en marcha sólida. Se echa en falta de nuevo, como ya pasó con el proceso de Certificación de Edificios de Nueva Construcción de 2007, una reglamentación de referencia que sirva para definir los niveles mínimos aceptables cuando se aborda una obra de rehabilitación ya sea de todos los elementos constructivos o sólo de alguno de ellos”.

Así mismo, asegura que “la experiencia con la norma anterior ha sido negativa. La realidad ha demostrado que en la mayoría de comunidades autónomas no se ha exigido y que ni el mercado inmobiliario, ni buena parte de los agentes implicados, prácticamente se han enterado”.

La asociación pide al Gobierno que apruebe cuanto antes unos plazos para la puesta en marcha de la nueva normativa y que las administraciones pertinentes implementen un plan de formación para el sector, “para que los profesionales puedan dedicarse a la certificación energética de las viviendas y de esta forma se reactive el empleo de uno de los sectores más afectados por la crisis económica”.  
 
ANTECEDENTES

La asociación Green Building Council España (GBCe) ha solicitado al Gobierno que dote al Real Decreto sobre Certificaciones Energéticas de Edificios Existentes de los desarrollos reglamentarios necesarios para su cumplimiento. El pasado 20 de febrero, el Ministerio de Industria cerraba el plazo de audiencia para presentar alegaciones al Real Decreto sobre Certificaciones Energéticas de Edificios Existentes que exigirá que todas las viviendas que se pongan en el mercado, ya sean nuevas o usadas, tengan un certificado de su eficiencia energética. Para esta asociación, la propuesta del Ejecutivo español parece más una respuesta “formal” a la denuncia europea sobre la no transposición de la directiva a los edificios existentes, que un RD que haga frente a todas las necesidades asociadas al tema en que se ocupa; de hecho es muy poco concreta en el ámbito técnico. La asociación considera que "el RD por si solo es inaplicable porque está huérfano de los desarrollos reglamentarios necesarios para su cumplimiento, de tal modo que la falta de concreciones técnicas y desarrollos reglamentarios hace que la norma sea, en la práctica, inaplicable".

No obstante, GBCe aplaude la aprobación de esta iniciativa que puede suponer una reactivación económica del sector y que pueda contribuir a crear empleo, con la figura del certificador. La rehabilitación se ha convertido en una de las pocas salidas viables capaz de generar actividad y empleo en el sector de la construcción. Sin embargo, falta una mayor concreción en la propuesta, un calendario claro, y una estrategia de puesta en marcha sólida. Se echa en falta de nuevo, como ya pasó con el proceso de Certificación de Edificios de Nueva Construcción de 2007, una reglamentación de referencia que sirva para definir los niveles mínimos aceptables cuando se aborda una obra de rehabilitación ya sea de todos los elementos constructivos o sólo de alguno de ellos.

La experiencia con la norma anterior ha sido negativa. La realidad ha demostrado que en la mayoría de comunidades autónomas no se ha exigido y que ni el mercado inmobiliario, ni buena parte de los agentes implicados, prácticamente se han enterado.

GBCe pide al Gobierno que apruebe cuanto antes unos plazos para la puesta en marcha de la nueva normativa y que las administraciones pertinentes implementen un plan de formación para el sector, para que los profesionales puedan dedicarse a la certificación energética de las viviendas y de esta forma se reactive el empleo de uno de los sectores más afectados por la crisis económica.