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¿Qué
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La Costa del
Sol se ha erigido como uno de los destinos más atractivos para la
inversión hotelera en España, atrayendo a inversores de todo
el mundo con una inyección de capital de 560 millones de euros en
la provincia de Málaga durante el último año.
Este impresionante
flujo de inversión, que representa el 13.2% de la inversión
nacional en hoteles, ascendiendo a 4.248 millones de euros, consolida a
la Costa del Sol como un epicentro para los inversores del sector, muchos
de ellos internacionales, según un reciente informe sobre la inversión
hotelera en España por la firma inmobiliaria Colliers. Esta cifra
no solo sostiene el nivel de inversión del año previo sino
que también coloca a la Costa del Sol como el tercer destino más
codiciado para la inversión hotelera en la península ibérica,
solo superado por Madrid y Barcelona. Sin embargo, en el ámbito
insular, las Islas Canarias y Baleares lideran con inversiones que superan
los 1.1 mil millones y los 796 millones de euros respectivamente.
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La reciente
adquisición de terrenos en Málaga por parte de una joint
venture (sociedad conjunta) entre una prominente promotora vasca
(Neinor) y un fondo de inversión (Orion) ilustra la creciente tendencia
de las joint ventures inmobiliarias como modelo de negocio estratégico.
Este modelo permite a las empresas expandirse y diversificar sus inversiones
con un enfoque colaborativo.
Modelo de
Coinversión y Estrategia de Expansión: La joint venture,
conocida como Pegaso, ha demostrado ser una alianza fructífera,
adquiriendo tres suelos en Málaga para la construcción de
aproximadamente 500 viviendas. La inversión totaliza cerca de 25
millones de euros, marcando el cierre del compromiso de inversión
para este año, con posibilidades de expansión en 2024.La
adquisición de suelo se lleva a cabo en un área estratégica
de Málaga, una zona con alto potencial de desarrollo residencial.
Esta inversión es parte de una estrategia más amplia de la
promotora de coinvertir en la compra de suelos junto a socios, minimizando
el desembolso de capital propio y maximizando el alcance y la diversificación.
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El panorama
inmobiliario en Málaga está presenciando un giro histórico.
Lagoom Living Reim ha sido la empresa seleccionada, imponiéndose
a Culmia, en el ambicioso concurso organizado por el Ayuntamiento de Málaga.
El objetivo: la construcción y gestión de 530 viviendas asequibles
destinadas al alquiler.
La estrategia
elegida por el consistorio malagueño es la transmisión del
derecho de superficie de cuatro parcelas situadas en la segunda fase del
sector Universidad. Estas serán concedidas por un periodo de 75
años a coste cero. Esta solución ha demostrado ser efectiva,
tal y como lo reflejan las guías prácticas de inmoley.com
sobre el Build to Rent y el derecho de superficie. Pero, ¿qué
hace tan especial este proyecto? El Ayuntamiento de Málaga se ha
erigido como pionero en España al ser el primer consistorio que
licita una promoción de viviendas en alquiler protegido mediante
la colaboración público-privada. Esta estrategia ha sido
financiada por el Plan provisto por fondos europeos, específicamente
por los Next Generation, cubriendo un 45,68% del presupuesto total, que
se estima en 56,9 millones de euros. Las ventajas de usar el derecho de
superficie son claras: permite al ayuntamiento mantener la propiedad del
suelo mientras externaliza la gestión del alquiler de vivienda social.
Esta gestión ha sido, tradicionalmente, un quebradero de cabeza
para las empresas municipales de suelo dadas las especificidades y problemáticas
que conlleva.
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En respuesta
a la creciente demanda de espacios de vivienda innovadores y funcionales,
la compañía Grupo Lar y Arcano han anunciado su asociación
para construir un nuevo residencial de coliving en Málaga TechPark.
Este proyecto pionero, que responde al creciente interés por el
arrendamiento de habilitación, es un ejemplo perfecto de cómo
el sector inmobiliario está evolucionando para satisfacer las necesidades
cambiantes de los trabajadores modernos.
El coliving
es un concepto de vivienda que combina el alquiler de pequeñas viviendas
o habitaciones individuales con una amplia gama de servicios comunes. En
lugar de proporcionar únicamente un lugar para vivir, el coliving
ofrece una experiencia de vida completa, con instalaciones como piscinas,
cines, espacios de coworking, salas de fitness, cafeterías y terrazas.
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La Junta de
Andalucía ha reactivado las Viviendas de Protección Oficial
(VPO) de alquiler, promoviendo 10.000 más entre 2018 y 2026.
La primera
subasta ordinaria de suelos del año, publicada esta semana en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), ofrece 453
parcelas para la construcción de 900 viviendas libres y protegidas,
así como 126 parcelas para usos industrial, terciario o dotacional.
Los bienes en venta, todos propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación
de Andalucía (AVRA), se ofertan en dos modalidades. Por un lado,
se licitan suelos residenciales de renta libre, así como parcelas
para uso industrial, terciario y dotacional, locales y garajes, mediante
el sistema de subasta. Por otro lado, los suelos para la promoción
de vivienda protegida se ofrecen en la modalidad de concurso.
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La sequía,
un problema que se ha agravado considerablemente en España durante
la primavera de 2023, se convierte en una preocupación creciente
para los inversores inmobiliarios, especialmente en las zonas turísticas
del Mediterráneo. Según los registros, esta ha sido la primavera
menos lluviosa desde 1961, lo que plantea una amenaza real al suministro
de agua, tanto para el consumo humano como para la agricultura.
El problema
se agrava aún más en las zonas turísticas, donde la
demanda de agua para las urbanizaciones entra en conflicto con las necesidades
agrícolas. En este contexto, la guía práctica de inmoley.com
emerge como una herramienta esencial para los inversores, permitiéndoles
analizar y gestionar de manera efectiva el riesgo hídrico en sus
inversiones inmobiliarias. Parafraseando al experto en cambio climático
James P. Bruce, si el cambio climático es un tiburón, entonces
el agua equivale a sus dientes. Este hecho se hace cada vez más
evidente a medida que las temperaturas más altas y la creciente
demanda causada por el crecimiento demográfico y económico
tensionan la disponibilidad de agua. Para 2030, se prevé que habrá
una brecha del 40% entre la oferta y la demanda de agua dulce.
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¿Qué
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Granada se
prepara para la Instalación de Plantas Fotovoltaicas en los Límites
de la Ciudad
La búsqueda
de suelo para la instalación de plantas fotovoltaicas es una labor
crucial y desafiante. A menudo, el suelo ideal se encuentra cerca de las
ciudades, lo que puede resultar en una mayor rentabilidad debido a las
menores pérdidas en el transporte de la energía. Sin embargo,
la calificación urbanística puede presentar un obstáculo,
ya que debe permitir este uso en suelo rural. Afortunadamente, algunos
Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) están adaptándose
a esta necesidad, tal como es el caso en Granada. Las empresas han comenzado
a mostrar interés en la instalación de plantas de placas
fotovoltaicas en los límites de la ciudad de Granada. Hasta ahora,
esta opción no se había considerado debido al escaso espacio
libre, los condicionantes paisajísticos y las limitaciones del plan
de urbanismo. Sin embargo, la tendencia está cambiando y varias
empresas han mostrado interés en instalar campos de placas solares
en la ciudad, aunque estos deben ajustarse a la disponibilidad limitada
de suelo.
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El decreto
550/2022 que aprueba el Reglamento General de la Ley 7/2021, conocida como
la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía
(Lista) ha entrado en vigor. Este nuevo reglamento representa un hito importante
en la política de ordenación territorial y urbanismo de Andalucía,
impulsada por el Gobierno andaluz.
El objetivo
principal de esta reforma es simplificar el marco jurídico existente
y resolver los problemas de atasco urbanístico que han obstaculizado
el desarrollo de los municipios andaluces. Una de las novedades más
significativas de este reglamento es la creación de las Entidades
Urbanísticas Certificadoras. Estas entidades son un instrumento
de colaboración público-privada diseñado para apoyar
a los ayuntamientos en tareas de verificación y control. Gracias
a esta colaboración, se espera que los ayuntamientos puedan tramitar
licencias, declaraciones responsables o inspecciones técnicas con
mayor agilidad. Además, este reglamento incorpora la figura del
"agente urbanizador" como mecanismo de colaboración público-privada
y de gestión en el suelo urbano.
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Málaga
está preparada para impulsar aún más su perfil en
el mercado inmobiliario español. Según el Informe Tendencias
Living de Cbre, la ciudad incorporará 1.500 nuevas viviendas en
la modalidad build-to-rent (BTR) en los próximos tres años.
Sevilla seguirá de cerca, agregando otras mil unidades de esta tipología
en el mismo periodo.
De forma más
amplia, Cbre estima la entrega de 37.000 viviendas BTR en toda España
en los próximos años, con un notable 85% de estas ubicadas
en Madrid y Barcelona. En términos de espacio disponible para desarrollo,
Cbre ha identificado en Málaga un total de 12,1 millones de metros
cuadrados de suelo residencial edificable vacante. Este espacio podría
albergar aproximadamente 102.000 viviendas, las cuales se espera que se
absorban en un periodo de entre quince y treinta años. En Sevilla,
existen ocho millones de metros cuadrados de suelo residencial edificable
vacante, suficientes para desarrollar unas 58.000 viviendas.
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Las recientes
elecciones autonómicas y municipales han traído consigo un
cambio en el panorama político de muchas regiones y municipios españoles.
Un efecto colateral de estos cambios es la necesidad de realizar auditorías
urbanísticas de la gestión anterior. Este proceso puede ser
complejo, ya que en el urbanismo se mueven muchos intereses y grandes cantidades
de dinero, pero es crucial para evaluar la eficacia de las gestiones previas
y prevenir irregularidades en el futuro.
Una guía
práctica para estas auditorías es proporcionada por Inmoley.com,
que aborda tanto el por qué es necesaria una auditoría como
el proceso de implementación de una. Según inmoley.com, la
auditoría urbanística debería ser obligatoria debido
a la complejidad de la disciplina y los posibles errores humanos que se
pueden cometer. A pesar de que se mueve mucho dinero en el urbanismo, y
hay un riesgo potencial de comportamientos irregulares, la auditoría
urbanística no debe ser vista como un instrumento sancionador. En
lugar de eso, debe ser considerada como una herramienta para descubrir
y analizar la realidad urbanística municipal. En este sentido, la
auditoría urbanística puede prevenir problemas antes de que
se produzcan, y por tanto tiene un importante carácter preventivo.
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La desinversión
en suelo de vivienda social ha sido criticada por algunos, pero los fondos
inversores que venden estos activos los consideran no estratégicos,
por lo que los venden para centrarse en otras inversiones más rentables.
En este sentido, la guía práctica inmoley.com del director
de suelo es una herramienta útil para los inversores inmobiliarios,
ya que les proporciona información detallada sobre cómo invertir
en suelo y otros activos inmobiliarios.
Los fondos
inmobiliarios están calificando el suelo VPO (para vivienda social)
como no estratégico debido a diversos factores. En primer lugar,
la regulación en torno a la construcción de viviendas protegidas
en España es bastante compleja, lo que puede generar una mayor incertidumbre
en torno a la rentabilidad de estas inversiones. Además, las promociones
de viviendas protegidas pueden requerir una mayor complejidad en su gestión,
lo que puede aumentar los costes y reducir el margen de beneficio. Por
otro lado, en comparación con otras operaciones inmobiliarias similares,
las viviendas protegidas suelen tener un menor margen de beneficio y pueden
ser más difíciles de vender. Por ejemplo, un fondo inmobiliario
que invierta en suelo para viviendas de lujo podría obtener un margen
de beneficio mayor y una mayor demanda de los compradores, en comparación
con las viviendas protegidas. Además, el contexto actual de mercado
también está influyendo en la desinversión de suelo
VPO. En los últimos años, se ha producido un aumento en la
competencia en el sector de la vivienda, lo que ha provocado una mayor
presión sobre los precios y los márgenes de beneficio. En
este contexto, los fondos inmobiliarios están buscando invertir
en aquellos activos que les proporcionen mayores beneficios con un menor
riesgo.
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En este artículo
se analizan los pros y contras del turismo de salud desde la perspectiva
de inversor hotelero
El turismo
de salud está en auge y cada vez son más las personas que
buscan combinar sus vacaciones con tratamientos de salud y bienestar. En
este sentido, inmoley.com ofrece una guía práctica del turismo
de salud, balnearios, hoteles spa y curhotel. Esta guía es una herramienta
útil para aquellos que deseen conocer los destinos y establecimientos
más destacados en este ámbito. Con esta propuesta, el turismo
de salud se presenta como una opción interesante y atractiva para
aquellos que quieren cuidarse durante sus vacaciones.
Ilanga Capital,
liderado por Pelayo Cortina Koplowitz, ha presentado un ambicioso proyecto
en el sector del alojamiento y de la salud: la reconstrucción integral
del hotel Incosol en Marbella. Este lugar, considerado un icono del lujo
y la salud, cerró sus puertas en 2013 pero ahora, diez años
después, Ilanga Capital ha presentado los primeros detalles de su
megaproyecto. La inversión prevista para la adquisición del
activo y la reforma oscila entre los 150 y los 200 millones de euros. La
transformación del hotel será integral y tendrá como
objetivo convertirse en un referente mundial para el turismo de lujo y
salud. El complejo estará dividido en tres grandes espacios: el
hotel, la clínica para realizar los tratamientos y la zona de wellness,
en la que habrá un spa de categoría superior. Además,
el alojamiento en el hotel estará vinculado a la realización
de un tratamiento de salud, lo que garantizará una oferta enfocada
en el turismo de salud.
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Entra en vigor
el Reglamento General de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio
de Andalucía (LISTA), simplificando el marco normativo y fortaleciendo
la seguridad jurídica en el urbanismo
El decreto
550/2022, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad
del territorio de Andalucía (Lista), entrará en vigor este
jueves, 22 de diciembre, 20 días después de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el
pasado 2 de diciembre. El Consejo de Gobierno de Andalucía aprobó
este decreto en su reunión del 29 de noviembre, con el objetivo
de completar la revisión del marco normativo de ordenación
del territorio y urbanismo iniciada hace tres años por el Ejecutivo
de Juanma Moreno (PP-A) para simplificar el marco jurídico y reforzar
la seguridad jurídica en el desarrollo territorial y urbanístico
de Andalucía.
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Informe Savills.
El mercado
logístico de Madrid alcanza cifras históricas en 2022: Cifras
récord en absorción y demanda.
Referencias
a Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía.
El mercado
logístico de Madrid ha experimentado un año excepcional en
2022, alcanzando cifras récord tanto en términos de absorción
como de demanda. Con un volumen de contratación de 1,26 millones
de metros cuadrados, lo que representa un aumento del 5% en comparación
con el año anterior, que ya había sido el mejor año
en la historia del mercado logístico madrileño. La demanda
también se mostró muy activa, con un total de 92 operaciones,
superando en seis los registros del año anterior. El último
trimestre del año fue especialmente dinámico, con 442.000
metros cuadrados firmados, lo que lo convierte en el trimestre con el mayor
volumen de contratación en la historia del mercado logístico
de Madrid, igualando en número de operaciones a los trimestres finales
de los años 2017 y 2018, que hasta ahora ostentaban el récord
con 23 operaciones. El Corredor del Henares se destacó como la zona
con mayor concentración de la absorción anual, representando
el 59% del total, seguido por la Zona Sur con el 38% y la Zona Oeste con
el 3%. Además, el Corredor del Henares batió su propio récord
histórico con 740.000 metros cuadrados contratados.
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Andalucía
se prepara para nuevos cambios en la regulación de viviendas turísticas
Ayuntamientos
en Andalucía asumirán competencias en regulación de
viviendas turísticas
Viviendas turísticas
en Andalucía: cambios en la normativa y competencias municipales
Consejería
de Turismo de Andalucía anuncia cambios en la regulación
de viviendas turísticas
Adaptándose
a la demanda: cambios en la regulación de viviendas turísticas
en Andalucía
La Consejería
de Turismo de Andalucía se encuentra trabajando en una nueva normativa
que regulará las viviendas turísticas en la región,
con la previsión de tenerla lista para el mes de junio. El objetivo
de estos cambios es ceder competencias en ordenación turística
a los ayuntamientos, según lo anunciado por el consejero de Turismo,
Arturo Bernal, durante una rueda de prensa. Bernal explicó que el
decreto actual, que data del año 2016, será modificado de
manera sustancial, ya que las circunstancias actuales son diferentes a
las de entonces y el fenómeno de la vivienda turística necesita
adaptarse a la nueva situación. Esta nueva normativa permitirá
a los ayuntamientos regular el ordenamiento turístico con su propia
normativa, en lugar de ser competencia exclusiva de la autonomía.
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Metrovacesa
busca seguir el ejemplo del nuevo barrio de Palmas Altas de Sevilla
La conversión
de suelo en desarrollo en suelo finalista es un proceso fundamental en
el negocio inmobiliario. El suelo finalista es aquel que ya cuenta con
todos los permisos necesarios para su urbanización y construcción
de viviendas, mientras que el suelo en desarrollo aún no los tiene.
Para los promotores inmobiliarios, convertir el suelo en desarrollo en
suelo finalista es una prioridad, ya que les permite reducir los riesgos
financieros y aumentar la rentabilidad del proyecto. En este sentido, la
obtención de los permisos necesarios para la urbanización
y construcción de viviendas es un proceso largo y costoso que puede
durar varios años y requerir importantes inversiones. Una vez que
el suelo se convierte en finalista, el promotor puede comenzar la construcción
de las viviendas y, por lo tanto, obtener ingresos por la venta de las
mismas. Además, la disponibilidad de suelo finalista en una ubicación
estratégica puede ser un factor clave para atraer a los compradores
y aumentar la demanda. Sin embargo, la conversión de suelo en desarrollo
en suelo finalista también tiene sus riesgos y desventajas. Uno
de los principales riesgos es que el promotor puede verse obligado a realizar
importantes inversiones en el suelo antes de obtener los permisos necesarios,
lo que aumenta los costos y reduce la rentabilidad del proyecto. Además,
la obtención de los permisos puede estar sujeta a cambios en la
legislación o en las políticas urbanísticas, lo que
puede retrasar el proyecto y aumentar los costEs. Por otro lado, la disponibilidad
de suelo finalista en una ubicación estratégica puede atraer
a la competencia, lo que puede reducir los precios y la rentabilidad del
proyecto. En resumen, la conversión de suelo en desarrollo en suelo
finalista es un proceso esencial en el negocio inmobiliario que permite
a los promotores reducir los riesgos financieros y aumentar la rentabilidad
del proyecto. Sin embargo, este proceso también tiene sus riesgos
y desventajas que deben ser considerados cuidadosamente antes de tomar
una decisión de inversión.
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Jaén
Plaza, el centro comercial más grande de la provincia, se encuentra
en la recta final de su construcción, con la segunda fase del proyecto
a punto de completarse.
La galería
comercial, con 46.000 metros cuadrados y 1.175 plazas de aparcamiento adicionales,
abrirá sus puertas en mayo y contará con marcas de renombre
como Zara, H&M, Mango, Sfera, entre otras. Además, el complejo
comercial incluirá un hotel de cuatro estrellas, una zona de ocio
y una amplia selección de restaurantes y supermercados. Grupo Alvores,
la compañía a cargo del proyecto, ha invertido 85 millones
de euros y prevé la creación de alrededor de 1.800 puestos
de trabajo durante los trabajos de construcción y los primeros años
de actividad del centro comercial.
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Además
de la zona náutica, en San Andrés también se ubicarán
el futuro Auditorio de Málaga, un edificio cultural y la sede del
Instituto Oceanográfico. La relación entre el negocio inmobiliario
y los puertos deportivos se demuestra en esta obra, donde se busca impulsar
la economía local y mejorar la oferta turística.
El 14 de febrero
se llevará a cabo el Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Málaga, donde se dará luz verde a la adjudicación
de la construcción del nuevo Puerto Deportivo de San Andrés.
La empresa encargada será "Marina Málaga San", integrada
por el fondo catarí Al Alfia, responsable del rascacielos en el
Dique de Levante. El nuevo puerto deportivo contará con un embarcadero
para 506 barcos de recreo, una zona comercial, un dique seco y una escuela
de vela, con una inversión de 44 millones de euros. Este proyecto
forma parte del Plan Especial del Puerto de Málaga para revitalizar
la zona oeste y espera tener un impacto socioeconómico de 785,9
millones de euros y la creación de alrededor de 1.400 puestos de
trabajo.
Subastan 71
viviendas y otros activos inmobiliarios de la promotora Aifos en Málaga
Nota
inmoley.com: 94 viviendas, catorce plazas de garaje, dos terrenos, un solar
y un trastero ubicados en Casares, Benahavís y Rincón de
la Victoria, Roquetas de Mar (Almería) y Atarfe (Granada)
la Lista permitirá
normalizar miles de viviendas irregulares
Nota
inmoley.com:El reglamento concreta las condiciones que dan lugar a la formación
de nuevos núcleos de población y los parámetros que
posibilitan la implantación de viviendas unifamiliares no vinculadas
a otras actuaciones del suelo rústico. También se especifica
el régimen de las actuaciones de transformación urbanística
en las dos clases de suelo establecidas por la Lista; en concreto, el suelo
urbano y el suelo rústico.
El decreto
550/2022, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad
del territorio de Andalucía (Lista), entra en vigor este jueves,
22 de diciembre, 20 días después de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el
pasado 2 de diciembre.
Nota
inmoley.com:Entre las principales novedades, el Gobierno andaluz ha destacado
que el reglamento crea las Entidades Urbanísticas Certificadoras,
un nuevo instrumento de colaboración público-privada para
dar soporte a los ayuntamientos, y que podrán colaborar con las
administraciones locales en la labor de verificación y control,
lo que permitirá a los ayuntamientos tramitar las licencias, declaraciones
responsables o inspecciones técnicas “con mayor agilidad”, según
la Junta, que sostiene que eso “redundará en la dinamizar la actividad
económica”.
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El Supremo
entiende ahora que no se puede ordenar la demolición mientras no
esté anulada la licencia municipal.
Y deja en manos
del ayuntamiento la anulación de la licencia de obras.
Y el ayuntamiento
no anula la licencia para no tener que indemnizar a la promotora.
En una resolución
de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo se ha desestimado el recurso planteado por Greenpeace
contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA), de 22 de julio de 2021, que rechazó la revisión de
oficio de la licencia de obras. El texto íntegro de la sentencia
no se conocerá hasta dentro de unos días. La sentencia confirma
que no hay posibilidad de ordenar la demolición mientras exista
una licencia que no ha sido anulada, pese a los varios pronunciamientos
judiciales que condenan la construcción. El Ayuntamiento de Carboneras
no anulará la licencia porque supondría tener que asumir
la responsabilidad de indemnizar a la empresa Azata, promotora del hotel.
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El derecho
real de superficie es un contrato por el cual la empresa solar puede construir
sobre el suelo, subsuelo y el vuelo de la finca con derecho a apropiarse
de los que ha construido, y se rige por lo pactado en contrato, ya que
el Código Civil no lo regula expresamente y La ley del Suelo es
muy escueta al respecto y solo habla de una duración máxima
de 99 años. El derecho de superficie puede ser gravado con prenda
o hipoteca.
Es normal
que las instaladoras pidan firmar el contrato antes de tener las autorizaciones
administrativas y estudios de conexión y ambientales, por lo que
pedirán entrar en la parcela para hacer los estudios pertinentes.
La mayoría de las veces como permitirán seguir cultivando,
por lo que se debe indicar que se asumirán los daños que
causen en el cultivo o en las fincas. Hay que recoger claramente que las
instalaciones son de la empresa y que una vez extinguido el contrato, sea
por finalización del plazo o por otro motivo, deben retirarlas y
dejar la finca apta para su uso agrícola. Se puede fijar algún
tipo de garantía bancaria o fianza que garantice las obras de desmantelamiento.
En algunas CCAA se exige la aportación de estas garantías.
En Castilla y León, sólo se exige la aportación del
proyecto de desmantelamiento, por lo que conviene exigir alguna garantía
adicional para que en caso de quiebra de la empresa, se pueda ejecutar
el aval o garantía para retirar todas las instalaciones.
Entre las principales
novedades, el reglamento crea las Entidades Urbanísticas Certificadoras,
un nuevo instrumento de colaboración público-privada para
dar soporte a los ayuntamientos, en forma de entidades que podrán
colaborar con las administraciones locales en la labor de verificación
y control.
El reglamento
también incorpora la figura del agente urbanizador como mecanismo
de colaboración público-privada y de los instrumentos de
gestión en el suelo urbano, así como concreta las condiciones
que dan lugar a la formación de nuevos núcleos de población
y los parámetros que posibilitan la implantación de viviendas
unifamiliares que no vinculadas a otras actuaciones del suelo rústico.
También se especifica el régimen de las actuaciones de transformación
urbanística en las dos clases de suelo establecidas por la Lista,
que son el suelo urbano y el suelo rústico. Igualmente, se desarrolla
el contenido de los nuevos planes que define la ley y el procedimiento
para su aprobación, así como los instrumentos de colaboración
entre las administraciones que participan en la tramitación.
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¿Qué
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En relación
con los artículos 8.4, 10.4, 10.6, 14.3, 70.3.b), 76.2, 78.4, 80.b)
y c), 96.3, 139 y la disposición adicional novena de la ley y, en
cumplimiento del acuerdo de la Comisión Bilateral, se incorpora
una disposición adicional que garantiza una aplicación de
los citados preceptos conforme a la legislación estatal que resulta
de aplicación.
El artículo
25 de la ley regula el procedimiento para la delimitación de actuaciones
de transformación urbanística. Este artículo debe
interpretarse y aplicarse en el marco de los artículos 3 y 4 del
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, conforme a lo
dispuesto en el acuerdo de la Comisión Bilateral. Por razones de
seguridad jurídica, se opta por incorporar el compromiso adquirido
en la propia ley, con la profundidad y alcance que tienen estos preceptos
en la legislación básica, aunque ya tengan reflejo en otros
artículos de la norma autonómica en los aspectos que regulan
las funciones públicas de la actividad urbanística, el principio
de desarrollo sostenible, los instrumentos de colaboración público-privada
en los procesos de transformación del suelo y en la definición
del sistema de instrumentos de ordenación urbanística, basado
en la planificación estratégica, en el que se desenvuelven
las propuestas de delimitación de las actuaciones de transformación
urbanística. En relación al artículo 4 del texto refundido
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, y las potestades públicas
sobre la ordenación urbanística, el artículo 25 aclara
que, cuando la propuesta de delimitación de la actuación
de transformación urbanística no se establezca en los instrumentos
de ordenación urbanística general o en el Plan de Ordenación
Urbana se requiere de la aprobación previa de una propuesta de delimitación.
El procedimiento de aprobación se iniciará, en todo caso,
de oficio, a instancia de la Administración o en virtud de propuesta
de las personas interesadas en asumir los deberes de su promoción.
Por último, establece que la resolución del procedimiento
debe ser expresa y que corresponde al Ayuntamiento, que deberá resolver
mediante acuerdo del órgano municipal competente para la aprobación
definitiva de los instrumentos de ordenación urbanística,
conforme a lo previsto en la legislación sobre régimen local.
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La Junta de
Andalucía ha elaborado "también un Decreto Ley" para ejecutar
el pacto con el Estado, al margen de la aprobación del Reglamento
General que desarrolla la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio
de Andalucía. «Se incorporan aspectos puntuales que pidió
el Estado para evitar el recurso de inconstitucionalidad», destacó
la consejera Marifrán Carazo.
La Junta aprueba
el reglamento de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio
de Andalucía que crea las Entidades Urbanísticas Certificadoras,
un nuevo instrumento de colaboración público-privada para
dar soporte a los ayuntamientos. Añade la figura del agente urbanizador
como mecanismo de colaboración público-privada y de los instrumentos
de gestión en el suelo urbano. El reglamento concreta las
condiciones que dan lugar a la formación de nuevos núcleos
de población y los parámetros que posibilitan la implantación
de viviendas unifamiliares que no estén vinculadas a otras actuaciones
del suelo rústico. Especifica el régimen de las actuaciones
de transformación urbanística en las dos clases de suelo
establecidas por la LISTA: el suelo urbano y el suelo rústico. El
reglamento permite atender con agilidad las necesidades de transformación
en las ciudades y de desarrollo de nuevos crecimientos. Desarrolla el contenido
de los nuevos planes que define la ley y el procedimiento para su aprobación,
así como los instrumentos de colaboración entre las administraciones
que participan en la tramitación. Fija los mecanismos previstos
en la ley para la concertación con los ayuntamientos, la gestión
de las actuaciones que se prevean en los planes territoriales y la garantía
de equilibrio entre los municipios. Regula las reservas dotacionales que
garantiza las necesidades de la ciudadanía sin incrementar el coste
del suelo y que permite adaptar los usos de los equipamientos en función
de las demandas que en cada momento deban atenderse.
