Los ayuntamientos
de Madrid y de Barcelona pedirán formalmente al Gobierno que cambie
la Ley de Arrendamiento Urbano (LAU) para que regule el precio del alquiler
e impida los incrementos desmesurados que favorecen la expulsión
de los vecinos de sus barrios.
La teniente
de alcaldía de Ecología, Urbanismo y Movilidad de Barcelona,
Janet Sanz, y el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento
de Madrid, José Manuel Calvo, han anunciado en Barcelona que estudian
cómo hacer llegar al Gobierno esta petición, que será
el primer objetivo de un espacio de trabajo para responder al problema
de la elitización residencial (gentrificación) y abordar
conjuntamente medidas y posibles cambios legislativos para afrontar los
retos comunes en urbanismo y vivienda.
Sanz ha explicado
que técnicos y políticos de Madrid y Barcelona se reunirán
en este espacio de trabajo como mínimo una vez al trimestre, con
el objetivo de llevar a cabo un aprendizaje conjunto a través del
intercambio de experiencias, herramientas de análisis y buenas prácticas
que se desarrollen en las dos ciudades y compartir instrumentos jurídicos
y técnicos.
La política
catalana ha asegurado que Barcelona y Madrid tienen como prioridad evitar
que sus barrios vayan vaciándose de vecinos, y por ello ven "fundamental
que conjuntamente -ha dicho- vayamos al Gobierno del Estado con esta exigencia
clara de regulación del precio de los alquileres a nivel del Estado",
y ha hecho un llamamiento al resto de ciudades a unirse a la petición."El
mensaje es que Barcelona y Madrid van de la mano para abordar los problemas
que tienen hoy en día", ha subrayado Calvo, que ha señalado
que ambas coinciden en apostar "por ciudades complejas con mixtura de usos
y una calidad de vida homogénea en los barrios, donde no haya segregación
de habitantes y zonas con sólo actividad turística que acabe
expulsando a los ciudadanos de sus lugares de residencia y convirtiéndolas
en un parque temático".
Calvo ha asegurado
que "nunca Barcelona y Madrid estuvieron tan cerca en materia de urbanismo
y vivienda" y quieren "seguir avanzando en la línea de primar la
calidad de vida de las personas y el interés general frente a otro
tipo de intereses".
En la comparecencia,
que se ha hecho en el Salón de la Ciudad del Ayuntamiento de Barcelona,
también han intervenido la concejal de Ciutat Vella, Gala Pin, y
el concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner. Pin ha resaltado que el
distrito barcelonés de Ciutat Vella y el madrileño de Centro,
los que tienen los alquileres más altos de España, comparten
casos y experiencias comunes para evitar el vaciado de los barrios de residentes
y su sustitución por población flotante.Pin ha añadido
que en ambas ciudades "no habrá tregua" contra las malas prácticas
de las empresas que se dedican a comprar edificios para echar a sus inquilinos
y revenderlos, y que para ello Madrid y Barcelona están de acuerdo
en que es necesaria la colaboración de los vecinos.Por su parte,
Montaner ha puesto en valor las políticas que está llevando
a cabo el Consistorio para favorecer el acceso a la vivienda y mejorar
las condiciones de habitabilidad en la ciudad y en concreto el Plan de
Derecho a la Vivienda 2016-2025, que se aprobará en el pleno próximamente.
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